Declarativa Concubinato

Accion-Mera-Declarativa-de-Concubinato-Uniones-de-Hecho-Modelo-demanda-Carta-de-Concubinato-4
La acción mero declarativa de concubinato es aquella mediante la cual una persona acude a la vía judicial para pedir que se reconozca la existencia de la relación concubinaria que mantiene o mantuvo con una persona del sexo opuesto, y que ocasione los efectos propios del matrimonio.

Bien sea para por ejemplo: pedir al Tribunal en defensa de sus derechos medidas cautelares para evitar que su concubino (a) se exceda, dilapide o arriesgue los bienes comunes que está administrando. Asimismo, se utiliza dicha acción cuando fallece su concubino (a) para reclamar el 50% del patrimonio de la comunidad concubinaria y además concurrir como heredero (a) del concubino (a) fallecido; para tramitar la pensión de superviviente de su concubino en IVSS; Para tramitar pensiones de sobreviviente cualquier organismo del estado y para poder demandar repartición de bienes a su concubino. En la actualidad en Venezuela el concubinato se constitucionalizo al ser incorporado en el Artículo 77 de la Carta Magna, el cual establece:

…“Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio.”…

La mencionada norma constitucional fue interpretada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Venezolano en sentencia del 15/07/2005, de la forma siguiente: Unión estable no significa habitar bajo el mismo techo; sino permanencia en una relación, caracterizada por actos que hacen presumir a las personas (terceros) que se está ante una pareja, que actúan con apariencia de un matrimonio; 2) No existe el deber de vivir juntos, tampoco el deber de fidelidad, alude al artículo 137 del Código Civil;.3) Terminadla relación concubinaria, se reconoce la condición de ex concubina (Ley Orgánica sobre el Derecho de las mujeres a una Vida Libre de Violencia); No se permite a la concubina el uso del apellido del concubino por cuanto n0o ha contraído matrimonio; tampoco existe una partida del estado civil de concubinato que otorgue el estado Civil de concubino.

Otra parte de la sentencia citada nos dice:

“…El concubinato es un concepto jurídico, contemplado en el artículo 767 del Código Civil, y tiene como característica–que emana del propio Código Civil- que se trata de una unión no matrimonial (en el sentido de que no se han llenado las formalidades legales del matrimonio) entre un hombre y una mujer solteros, la cual está signada por la permanencia de la vida en común (la soltería viene a resultar un elemento decisivo en la calificación del concubinato, tal como se desprende del artículo 767 de Código Civil y 7, letra a) de la Ley del Seguro Social).

se trata de una situación fáctica que requiere de declaración judicial y que la califica el juez, tomando en cuenta las condiciones de lo que debe entenderse por una vida en común.

Además de los derechos sobre los bienes comunes que nacen durante esa unión (artículo 767 eiusdem), el artículo 211 del Código Civil, entre otros, reconoce otros efectos jurídicos al concubinato, como sería la existencia de la presunción pater ist est para los hijos nacidos durante su vigencia .

Dado lo expuesto, para la Sala es claro que actualmente el concubinato que puede ser declarado tal es aquel que reúne los requisitos del artículo 767 del Código Civil, y él viene a ser una de las formas de uniones estables contempladas en el artículo constitucional, ya que cumple los requisitos establecidos en la ley (Código Civil), para ser reconocido como tal unión. Por ahora –a los fines del citado artículo 77- el concubinato es por excelencia la unión estable allí señalada, y así se declara…”…omissis…

Señalado lo anterior, se debe señalar cuáles de los efectos del matrimonio son aplicables a las “uniones estables de hecho entre hombre y mujer”, de conformidad con la petición de la accionante, siendo necesario apuntar que aunque el concubinato es un tipo de unión estable, por ser él la figura regulada en la Ley, a él se referirá la Sala indistintamente como “unión estable” o concubinato, pero reconociendo que dentro del concepto de unión estable pueden existir tipos diferentes al concubinato. La Sala con fines de abarcar ambas clases de uniones, y por tanto al género, utilizará el término de unión estable en este fallo, para referirse a todas las posibilidades, incluida el concubinato.

En primer lugar se considera que, para reclamar los posibles efectos civiles del matrimonio, es necesario que la“unión estable” haya sido declarada conforme a la ley, por lo que se requiere una sentencia definitivamente firme que la reconozca.

En la actualidad, es necesaria una declaración judicial de la unión estable o del concubinato; dictada en un proceso con ese fin; la cual contenga la duración del mismo, lo que facilita, en caso del concubinato, la aplicación del artículo 211 del Código Civil, ya que la concepción de un hijo durante la existencia del mismo, hace presumir que el concubino es el padre del hijo o hija, por lo que la sentencia declarativa del concubinato debe señalar la fecha de su inicio y de su fin, si fuera el caso; y reconocer, igualmente, la duración de la unión, cuando ella se ha roto y luego se ha reconstituido, computando para la determinación final, el tiempo transcurrido desde la fecha de su inicio.…omissis…

Ahora bien, como no existe una acción de separación de cuerpos del concubinato y menos una de divorcio, por tratarse la ruptura de la unión de una situación de hecho que puede ocurrir en cualquier momento en forma unilateral, los artículos 191 y 192 del Código Civil resultan inaplicables, y así se declara; sin embargo, en los procesos tendientes a que se reconozca el concubinato o la unión estable, se podrán dictar las medidas preventivas necesarias para la preservación de los hijos y bienes comunes.”

Para el Dr. Juan José Bocaranda, el concubinato es:

“…unión de vida, permanente, estable y singular de un hombre y de una mujer, conjugados por el lazo espiritual del afecto, quienes cohabitan como si estuviesen unidos en matrimonio, con la posibilidad jurídica inmediata de contraerlo…” (LA COMUNIDAD CONCUBINARIA ANTE LA CONSTITUCIÓN DE 1999 Y EL AMPARO CONSTITUCIONAL DECLARATIVO. Caracas, 2001. P…34).

Según el diccionario de Cabanellas, el concubinato es la relación de un hombre con su concubina (la vida marital de ésta con aquel), estado en que se encuentra el hombre y la mujer cuando comparten casa y vida como si fueran esposos, pero sin haber contraído ninguna especie de matrimonio.

El Profesor Raúl Sojo Bianco, define el concubinato como:

 “Relación mediante la cual dos personas de sexo diferente y sin impedimento alguno para contraer matrimonio, hacen vida en común en forma permanente, sin estar casados, con las apariencias de una unión legítima y con los mismos fines primarios y secundarios atribuidos al matrimonio”.(“APUNTES DE DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES”, Taller Tipográfico de Miguel Ángel García e Hijo, Caracas, 1983, p.18).

Por tanto, las características del concubinato, son aquellos elementos en que se fundamenta esta institución y las demás uniones no matrimoniales, y al mismo tiempo, con el matrimonio.

Siendo las características las siguientes:

1. La inestabilidad,ya que el concubinato desaparece por decisión de cualquiera de los concubinos, ya que no es igual que el matrimonio que se celebra para toda la vida. 2. La notoriedad de la comunidad de la vida es la que se conoce como la posesión de estado. 3. El concubinato requiere permanencia entre dos individuos de sexo diferente. 4. También es necesario que no haya existencia de impedimento para contraer matrimonio. 5. Igualmente el concubinato implica el desenvolvimiento de una vida íntima semejante a la matrimonial.

El Código Civil Venezolano nos trae varios Artículos referentes a las limitaciones legales a la propiedad, y el Artículo 767 está referido a la comunidad, al señalar que esta se presume salvo prueba en contrario en aquellos casos de unión no matrimonial, cuando la mujer o el hombre en su caso, demuestren que ha vivido permanentemente en tal estado, aunque los bienes de cuya comunidad que se quieren establecer aparezca en nombre de uno sólo de ellos.

El artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, definidor de la acción mero declarativa, que requiere de un interés actual, que indudablemente deviene de la falta de certeza, de los procesos mero declarativos, en virtud de una situación de incertidumbre, por ausencia o deficiencia del título, que autoriza la intervención en vía preventiva para crear certeza oficial que aleje el peligro de la transgresión posible en el futuro.

La declaración de existencia de un concubinato corresponde sustanciarse bajo la acción mero declarativa, procedimiento constitutivo requerido en virtud de la ausencia de un título. Sobre el interés procesal, el Dr. Román J. Duque Corredor, en su libro “Apuntaciones sobre el Procedimiento Civil Ordinario”sostiene lo siguiente:

“Ciertamente que en este aspecto el Código de Procedimiento Civil no sólo modernizó el concepto de interés procesal, sino que recogió lo que había admitido la jurisprudencia, de que dicho interés no solo puede ser actual sino incluso una mera declaración de la existencia de un derecho o de una relación jurídica, con la cual ya recibieron las acciones mero-declarativas su partida de nacimiento legal”… “la única limitación es que estas acciones son inadmisibles cuando el actor puede obtener la satisfacción completa de sus intereses mediante una acción diferente”. En otras palabras, que las acciones mero declarativas o de declaración de certeza son supletorias ….en este sentido la Casación Civil había advertido sobre la naturaleza sucedánea y no principal de la acción declarativa, cuando advertía: “…al Juez corresponderá impedir en la práctica que la institución (las acciones declarativas), de lugar a acciones ligeras e infundadas y que al pretender transformar la sentencia en un sucedáneo de la prueba escrita, se incurra en consecuencias tales como en las que en la práctica se admita la acción para todos los casos faltos de pruebas o de incertidumbre artificiosamente creada…” (Fin de la cita)

Por lo tanto, en atención al carácter de eminente orden público que envuelve el trámite de demandas relativas al estado civil de las personas, su sustanciación y sentencia, debe cumplir para poder materializarse, con el procedimiento que la Ley ha establecido especialmente para ello, sin que en ningún caso pueda ser suplido por la presunta existencia de otras vías.

Modelo de una Demanda Declarativa de Concubinato o Unión de Hecho

CIUDADANO:

JUEZ DISTRIBUIDOR DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS SU DESPACHO.-

Nosotros, FIDEL A. GUTIÉRREZ M., FIDEL A. GUTIÉRREZ M. (h), …, abogados en ejercicio de la profesión, de este domicilio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 35.649, 137.374,…, respectivamente, y titulares de las Cédulas de Identidad Personales Nros. V.- 4.824.362, V.- 16.460.700, …, y a los efectos de dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 174 y ordinal 9° del artículo 340 ambos del Código de Procedimiento Civil, fijo como DOMICILIO PROCESAL en la Urbanización Altamira Sur, 1ª Av., Edificio Terepaima, piso 4, Oficina 401, Caracas; actuando en este acto en nuestro carácter de apoderados judiciales del ciudadano XXXX, venezolano, mayor de edad, ingeniero, casado, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. V- XXX, carácter el nuestro que se evidencia del poder debidamente autenticado ante la Notaria Pública Vigésima Novena del Municipio Libertador, Distrito Capital, en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil once (2011), quedando anotado bajo el Nº XX, Tomo XX de los libros de autenticaciones llevado por la mencionada Notaria, que acompañamos al presente libelo en original, distinguido con la letra “A”; ante usted, muy respetuosamente ocurrimos para exponer lo siguiente:

TÍTULO -I-

CAPITULO I

DE LOS HECHOS (quaestio facti)

Nuestro representado el ciudadano xxx, antes identificado, inicio a partir del quince (15) de mayo de dos mil (2000), una UNIÓN CONCUBINARIA, estable y de hecho con la ciudadana XXX, mayor de edad, administradora, venezolana y de este domicilio, titular de la cédula de identidad personalN° V.- XXX, en forma ininterrumpida, pacífica, pública y notoria entre familiares, amigos y comunidad en general, como si hubiesen estado casados, socorriéndose mutuamente, hasta el día trece (13) de agosto de dos mil ocho (2008), fecha en la cual contrajeron matrimonio (legalizaron la unión concubinaria), conforme al artículo 70 de Código Civil, ante la Alcaldía del Municipio Gran Sabana del Estado Bolívar, según costa en los libros del Registro Civil del año XXX, Tomo I, Libro 1, folios XXX y XXX, que el acta aparece asentada con el N°.65. La cual, acompañamos al presente libelo en original, distinguida con la letra “B”.

Se evidencia del contenido del acta de Matrimonio, a que hicimos referencia, la manifestación inequívoca de voluntad de legitimar a sus dos (2) hijos nacidos durante la Unión Concubinaria, donde dice textualmente:

“…los contrayentes de propia voluntad manifestaron su deseo de querer Legitimar a Dos hijos (02) procreados durante Unión Concubinaria,..” (comillas nuestras).

El primero de los hijos procreados durante la Unión Concubinaria de nombre XXX, nació el XXX (XX) de diciembre de dos XXX (200X), según consta en la partida de nacimiento que, acompañamos al presente libelo en original, distinguida con la letra “C” . Y, el segundo de los hijos nacidos durante la Unión Concubinaria de nombre XXX, nació el XXX (XX) de abril de dos mil XX (20XX), según consta en la partida de nacimiento que, acompañamos al presente libelo en original, distinguida con la letra “D”.

En el mismo orden de ideas, el Registro Civil del Municipio XXX, en fecha XXX (XX) agosto de dos mil XX (200X), le notifica al Jefe de la Oficina de Registro Civil de la Parroquia XXX, a los fines de colorar una Nota Marginal al Libro de Nacimiento que reposa en sus Archivos, que nuestro representado y su concubina la ciudadana XXX, Legitimaron a sus hijos XXX y XXX, en el mismo acto de contraer Matrimonio Civil. Dicha notificación acompañamos al presente libelo en original, distinguida con la letra “E”.

Para mayor abundamiento de Unión Concubinaria, nuestro poderdante y su concubina la ciudadana XXX, en fecha XXX (XX) de XXX de dos mil XXX (200X), tramitaron la constancia de Concubinato ante la Oficina de Registro Civil de XXX, Baruta. La cual acompañamos al presente libelo en original, distinguida con la letra “F”.

Se desprende del contenido de todos los documentos antes mencionados que, la Residencia donde se llevo a cabo la Unión Concubinaria, fue: XXX, Municipio Baruta, Estado Miranda. Asimismo, de los Justificativos de Soltería, se desprende el lugar de residencia. Dichos justificativos de soltería acompañamos al presente libelo, distinguidos con las letras “G” y “H”.

Nuestro patrocinado en el transcurso de su convivencia y su concubina la ciudadana XXX, obtuvieron un bien inmueble del cual contribuyó a su pago, cuyas características y linderos consta el titulo IV del presente libelo, lo cual damos aquí por reproducidos.

CAPITULO -II-

DE LAS PERTINENTES CONCLUSIONES (Ord.5º art.340 C.P.C)

Respetado Juez, la presente ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE RECONOCIMIENTO DE UNIÓN CONCUBINARIA es procedente por las siguientes razones:

PRIMERA: Nuestra pretensión es la declaratoria de la unión concubinaria que mantuvo con la ciudadana XXX, desde el XXX (XX) de XX de dos XXX (200X), hasta el día trece (13) de agosto de dos mil ocho (2008), fecha en la cual contrajeron matrimonio, por el artículo 70 de Código Civil, ante la Alcaldía del Municipio XXX, como se evidencia de los siguientes documentos: 1. – Acta de Matrimonio; 2..- Partidas de Nacimiento de los hijos procreados en ese mismo periodo; 3.- Notificación al Jefe de la Oficina de Registro Civil de la Parroquia XXX, a los fines de colorar una Nota Marginal al Libro de Nacimiento que reposa en sus Archivos; 4.- Constancia de Concubinato ante la Oficina de Registro Civil de XXX, Baruta; 5.- constancia de Concubinato ante la Oficina de Registro Civil de XXX.

SEGUNDA: El presente caso, nos encontramos que en la “unión estable de hecho entre los ciudadanos XXX y XXX, se determinada por la cohabitación o vida en común, con carácter de permanencia, y que dicha unión se encuentra formada por una mujer soltera y un hombre soltero, tal como lo dispuso la sentencia de la Sala Constitucional en fecha 15 de julio de 2005, no existiendo impedimentos dirimentes que impidan dicha unión.

TERCERA: Por cuanto el concubinato se constitucionalizó, en virtud de haber sido incorporado en el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece estas uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos pertinentes produce los mismos efectos del matrimonio. Asimismo, según sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 15 de julio de 2005, estableció todos los efectos jurídicos que emanan de esa relación concubinaria, y la cual debe ser declarada Judicialmente, irremediablemente, este Tribunal al tener en sus manos todos los elementos jurídicos deberá declarar judicialmente la existencia de la relación concubinaria que existió entre los ciudadanos XXX y XXX desde el díaXXX (XX) de XXX de dos XXX (200X), hasta el día XXX(XX) de XXX de dos mil XX (200X).

CUARTO : Para dar cumplimiento a la doctrina vinculante de la Sala Constitucional en Sentencia del 15 de julio de 2005, referente al recurso de interpretación del artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el objeto en los casos como el de marras, es que la parte acciónate obtenga previamente un instrumento fehaciente mediante el cual se acredite la existencia de la comunidad concubinaria, es decir, la declaración judicial definitivamente firme que haya establecido ese vínculo, cuando exista, por ejemplo: un interés posterior de repartir los bienes adquiridos en ese tiempo. Es por ello que, nuestro poderdante tiene interés de ejercer primeramente la presenta acción de reconocimiento de unión concubinaria, para posteriormente poder ejercer sus derecho de comunero y pedir la partición del inmueble adquirido durante el periodo del concubinato.

QUINTO: Acerca de la figura del concubinato, la doctrina Casacional ha sostenido que“estas uniones (incluido el concubinato son similares al matrimonio, y aunque la vida en común con hogar común) es un indicador de la existencia de ellas, tal como se desprende del artículo 70 del Código Civil, este elemento puede obviarse siempre que la relación permanente se traduzca en otras formas de convivencia, como visitas constantes, socorro mutuo, ayuda económica reiterada, vida social conjunta, hijos etc. (Sic). Unión estable no significa necesariamente, bajo un mismo techo (aunque esto sea un símbolo de ella) sino permanencia en una relación caracterizada por actos, que objetivamente, hacen presumir a las personas (terceros) que se está ante una pareja, que actúan con apariencia de un matrimonio o, al menos, de una relación seria y compenetrada, lo que constituye la vida en común. Se trata de una relación permanente entre un hombre y una mujer y no de una entre un hombre y varias mujeres (así todas ellas estén en igual plano) y viceversa’ (Vid. Sentencia Sala Constitucional TSJ: 15-07-2005, Carmela Mampieri Giuliani en amparo) con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero.

CAPITULO III-

DEL DERECHO (quaestio iuris)

Fundamentamos el ejercicio de la presente demanda en disposiciones de derecho que a continuación indicamos:

1.- El Artículo 16 del Código de Procedimiento Civil: “Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente”

2.- El Artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio”.

3.- El Artículo 767 del Código Civil: ”Se presume la comunidad, salvo prueba en contrario, en aquellos casos de unión no matrimonial, cuando la mujer o el hombre en su caso, demuestre que ha vivido permanentemente en tal estado aunque los bienes cuya comunidad se quiere establecer aparezcan a nombre de uno solo de ellos. Tal presunción sólo surte efectos legales entre ellos dos y entre sus respectivos herederos y también entre uno de ellos y los herederos del otro. Lo dispuesto en este artículo no se aplica si uno de ellos está casado.”

4.- El artículo 211 del Código Civil: “ Se presume, salvo prueba en contrario, que el hombre que vivía con la mujer en concubinato notorio para la fecha en que tuvo lugar el nacimiento del hijo ha cohabitado con ella durante el periodo de la concepción”

5.- El artículo 70 del Código Civil : “Podrá prescindirse de los documentos indicados en el artículo anterior y de la previa fijación de carteles, cuando los contrayentes deseen legalizar la unión concubinaria existente en que hayan estado viviendo. Esta circunstancia se certificará expresamente en la partida matrimonial

CAPITULO -IV-

DE LA PRETENSIÓN DEDUCIDA (Petitum)

Por todas las consideraciones de hecho y derecho anteriormente expuestas, en nombre y representación del ciudadano XX, antes identificado, ocurrimos ante su competente autoridad, en su carácter de concubino, Ut retro identificado, para demandar, como en efecto demandamos en este mismo acto, por ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE RECONOCIMIENTO DE UNIÓN CONCUBINARIA, a la ciudadana XXX, al inicio identificada, en su carácter de Concubina en el periodo comprendido desde el día XXX (XX) de enero de dos XXX (200X) hasta el día XXX (XX) de agosto de dos mil XXX (200X), con fundamento legal en las Normas legales Ut retro transcritas, para que convenga o en su defecto a ello, mediante sentencia definitiva sea declarado por este Tribunal:

PRIMERO: Se reconozca mediante pronunciamiento judicial, la unión concubinaria sostenida entre XXX y XXX, venezolanos, mayores de edad, ingeniero y administrador, casados, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nos. V- XXX yV.- XXX, respectivamente.

SEGUNDO: Se establezca que la relación concubinaria sostenida entre los ciudadanos: XXX y XXX, ya identificados, se inició el día: día xxx (xx) de mayo de dos xxx (200x), y culminó en fecha: xxx (xx) de agosto de dos mil xxx (200x), día en que contrajeron Matrimonio Civil (legalizaron la unión concubinaria Art. 70 C.C.).

TERCERO: En consecuencia de la Declarativa de Concubinato sostenida entre los ciudadanos: xxx y xxx, antes identificados, el ciudadano xxx, es acreedor de todos los derechos inherentes al matrimonio, específicamente el correspondiente al cincuenta por ciento (50%) de las gananciales concubinarias, fomentadas en el lapso antes mencionado, conforme a lo establecido en el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

TITULO -III-

DE LA CITACIÓN PERSONAL (in faciem)

Solicitamos muy respetuosamente al ciudadano Juez, que al ser admitida la presente demanda, se ordene en el respectivo auto de admisión, la citación personal de la Parte demandada, la ciudadana XXX, ut supra identificada, conforme con lo establecido en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil en las siguiente dirección: XXX.

TITULO -IV-

DE LA MEDIDA CAUTELAR

Con el objeto de preservar el inmueble adquirido durante la unión concubinaria y jurando la urgencia del caso, pedimos al Tribunal, se nos acuerde y Decrete, la medida cautelar de PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, conforme a lo establecido en el ordinal 3º del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil.

El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil prevé dos requisitos que concurrentemente deben llenarse para que en juicio contencioso pueda dictarse una medida cautelar; son ellos: 1) la presunción del buen derecho; 2) el peligro de que el fallo definitivo pueda hacerse ilusorio si no se decreta la cautela. Estos requisitos deben acreditarse con un medio de prueba que constituya por lo menos una presunción grave de ambas circunstancias. Sin embargo, tal exigencia no se requiere de modo general para todo tipo de juicios ya que existen previsiones que permiten el decreto de medidas preventivas con la sola presentación de cierta clase de documentos o pruebas, caso de los artículos 646 del Código de Procedimiento Civil para el juicio por intimación, o el 701 eiusdem para los interdictos posesorios; o bien que dejan al prudente arbitrio del juez la decisión de dictar o no las providencias cautelares que estime convenientes, como el artículo 191 del Código Civil para los juicios de divorcio.

Las demandas que contienen una pretensión de mera declaración de una unión estable de hecho dan origen, si tienen éxito, a sentencias mero-declarativas, las cuales no requieren de actos de ejecución, pues se limitan, como su nombre lo indica, a declarar con certeza jurídica una situación preexistente.

En este tipo de procesos mero declarativos no es posible pretender la aplicación a pie juntillas del artículo 585 del CPC porque en tal caso jamás podría decretarse medidas preventivas desde luego que si los fallos que se dictan al final del juicio no requieren de actos materiales de ejecución evidentemente que nunca existiría el riesgo de su ilusoriedad.

Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico existe la llamada jurisprudencia normativa la cual se equipara a la ley formal. Esa jurisprudencia es la que emana de la Sala Constitucional cuando interpreta el articulado de nuestro Texto Político Fundamental. Esta acotación viene al caso porque en el año 2005 la referida Sala dictó la sentencia Nº 1682 en la cual hace una interpretación vinculante de las uniones estables o concubinatos que prevé el artículo 77 constitucional. En esa decisión la Sala estableció que:

“Ahora bien, como no existe una acción de separación de cuerpos del concubinato y menos una de divorcio, por tratarse la ruptura de la unión de una situación de hecho que puede ocurrir en cualquier momento en forma unilateral, los artículos 191 y 192 del Código Civil resultan inaplicables, y así se declara; sin embargo, en los procesos tendientes a que se reconozca el concubinato o la unión estable, se podrán dictar las medidas preventivas necesarias para la preservación de los hijos y bienes comunes.”

En el mismo orden de ideas, respecto al primer requisito exigido por el legislador el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil o fumus bonis iuris se evidencia de la existencia de una relación sentimental entre nuestro representado y la ciudadana XXX, ut supra identificada, en la cual fueron procreados dos (02) hijos, uno, nació el xxx (xx) de xxx de dos xx (200x) y el otro, nació el xxx (xx) de xxx de dos mil xxx (200x), según consta en las partidas de nacimiento acompañadas al presente libelo.

Asimismo, consta el Acta N° 65 que contrajeron Matrimonio Civil, por el artículo 70 de Código Civil, ante la Alcaldía del Municipio xxx. Y, del contenido de la referida acta de Matrimonio, se desprende la voluntad de legitimar a sus dos (2) hijos nacidos durante la Unión Concubinaria, donde dice textualmente: “…los contrayentes de propia voluntad manifestaron su deseo de querer Legitimar a Dos hijos (02) procreados durante Unión Concubinaria,..” (comillas nuestras).

Del mismo modo, consta en autos la Notificación del Registro Civil del Municipio xxx, en fecha xxx (xx) agosto de dos mil xxx(200x), dirigida al Jefe de la Oficina de Registro Civil de la Parroquia xxx, a los fines de colorar una Nota Marginal al Libro de Nacimiento que reposa en sus Archivos, que nuestro representado y su concubina la ciudadana XXX, Legitimaron a sus dos (2), en el mismo acto de contraer Matrimonio Civil.

Igualmente, hay constancia en autos del Concubinato tramitado ante la Oficina de Registro Civil de Nuestra Señora del Rosario, Baruta.

Se desprende del contenido de los documentos antes mencionados que, la Residencia donde se llevo a cabo la Unión Concubinaria, fue: Calle XXX. También, de los Justificativos de Soltería, se desprende el lugar de residencia.

Por ultimo, se evidencia del documento de compra-venta del inmueble sobre el cual vamos a solicitar la medida cautelar, que el mismo fue adquirido el día xxx (xx) de xxx de dos mil xxx (200x), período en la cual coexistió la convivencia entre ellos, lo que quiere decir, que dicho inmueble es parte de la comunidad concubinaria.

En relación al segundo requisito o periculum in mora, se evidencia del hecho que por ser la ciudadana XXX, parte demandada y el inmueble esta a su nombre, ella puede facilmente traspasarlo y enajenarlo, sin respetar los derechos de nuestro poderdante tiene sobre el inmueble 50 % como parte de la comunidad concubinaria.

Es por lo antes expuesto, que solicitamos al ciudadano Juez, considere la presente petición y acuerde y DECRETE, la medida cautelar de PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, en una porción del Cincuenta por Ciento (50%), sobre el inmueble Tipo Apartamento destinado a vivienda, distinguido con el número XXX : . Dícho esta registrado a nombre de la demandada la ciudadana XXX, ante el Registro Inmobiliario del Primer Circuito del MunicipioXXX, en fecha XXX (XX) de junio de dos mil XXX (200X), bajo el N° XX del Tomo XX del Protocolo Primero. Según copia certificada que acompañamos al presente libelo, distinguida con la letra“I”.

TÍTULO -V-

DE LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA (ordinal 4º del artículo 340 C.P.C.)

Conforme con lo establecido con los artículos 39de nuestra Ley Adjetiva Civil, y a los efectos de fijar la competencia por la cuantía y la admisibilidad del Recurso de Casación, estimamos la presente demanda en la cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETENTA Y SEIS BOLÍVARES (Bs.228.076,00), “Equivalente a 3.001 Unidades Tributarias (UT), según Gaceta Oficial Nº 39.623 de fecha 25/02/2011, a Bs. 76,00 cada U.T.

TITULO -VI-

DE LA ADMISIÓN

Por último, pedimos con todo respeto, que la presente demanda de ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE RECONOCIMIENTO DE UNIÓN CONCUBINARIA, sea admitida por el Procedimiento Ordinario de conformidad con el artículo 22 del Código de Procedimiento Civil, y sea sustanciada conforme a Derecho y declarada con lugar. Es justicia la que esperamos, en la ciudad de Caracas, a la fecha de su presentación.

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Concubinato Putativo Venezuela Jurisprudencia TSJ

 Concubinato putativoEL CONCUBINATO PUTATIVO

Dr. Gilberto Guerrero Quintero en su libro (El Concubinato en la Constitución Venezolana Vigente), nos una interpretación sobre el Concubinato Putativo, interpretando magistralmente la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en los siguientes términos:

“4.1. Lo que afirma la Sala Constitucional del TSJ

En el fallo in comento dictado por la Sala Constitucional, declaró la existencia del concubinato putativo afirmando lo siguiente:

“(…) Igualmente, la Sala tiene que examinar la posibilidad para uno de los miembros de una unión o concubinato, de la existencia del concubinato putativo que nace cuando uno de ellos, de buena fe, desconoce la condición de casado del otro. A juicio de esta Sala, en estos supuestos funcionará con el concubino de buena fe, las normas sobre el matrimonio putativo, aplicables a los bienes (…)”

En atención a lo expresado por la Sala, allí se observan especialmente tres (3) inferencias:

(i) La presencia del concubinato putativo que se genera cuando el concubino de buena fe ignora la condición de casado del otro. Pareciera, entonces, que no será putativo ante la existencia de los demás impedimentos dirimentes para contraer válidamente matrimonio. De ser así, entonces el concubinato putativo – a que se refiere la Sala Constitucional – se concreta únicamente al tipo que la misma determina de manera simplificada o reducida.

(ii) Ese desconocimiento o ignorancia del estado civil del otro conviviente, conduce a que el de buena fe goce de los beneficios o efectos del matrimonio putativo, en relación a los bienes. ¿Se traduce que, en tales casos, al concubinato putativo se aplican las normas del régimen de bienes en el matrimonio, pero no las atinentes a los efectos personales del mismo? De ser así, ¿qué ocurre con los efectos de orden personal interpareja y en relación con los hijos e hijas?

(iii) Para la existencia del concubinato putativo debe previamente declararse judicialmente la existencia de la unión fáctica mediante sentencia firme y, desde luego, producirse la declaración de nulidad de la misma mediante decisión también firme. Sin la declaración de nulidad no puede hablarse, en propiedad, de concubinato putativo, como no puede afirmarse el matrimonio putativo sin la sentencia que declare su nulidad.
La buena fe exigida consiste en el subjetivo estado de creencia, por parte de uno o de los dos convivientes, al tiempo de iniciar la convivencia de modo estable, desde que existe como unión more uxorio, que la inician válidamente aunque exista un error de hecho o de derecho, siempre que sea excusable, siendo indiferente el conocimiento posterior del error. La buena fe se presume, salvo prueba en contrario que corresponde a quien la impugna.
Por tanto, en cuanto a la primera inferencia – sobre la presencia del concubinato putativo que se genera cuando el concubino de buena fe ignora la condición de casado del otro – indica que ese tipo de concubinato sólo se da cuando el concubino de buena fe ignora la condición de casado del otro; en cuyo caso, entonces, no sería putativa la relación por otra causa distinta a la de existir un matrimonio anterior del conviviente de que se trate. Sería putativo únicamente cuando se produjere la violación del artículo 50 del Código Civil, por causa de bigamia.
Bajo esta apreciación el concubinato putativo dependerá únicamente de ese motivo (la existencia de un matrimonio anterior ignorado por el concubino de buena fe), pero no lo será, haciendo nosotros un símil comparativo con lo afirmado por la Sala y por fuerza de lo dispuesto en el artículo 77 de la CRBV, entre otros, en los casos siguientes:
1) No podrá ser putativo cuando el conviviente ignore que la mujer no ha cumplido catorce (14) años de edad, o el varón que no ha cumplido dieciséis (16) años (art. 46, CC); aun cuando no se requerirá la edad prescrita en el artículo 46, cuando: 1. La mujer menor haya dado a luz un hijo o que se encuentre en estado de gravidez; y, 2. El varón menor cuando la mujer ha concebido un hijo que aquél reconoce como suyo o que ha sido declarado judicialmente como tal (art. 62, CC). No obstante, las personas que no hubiesen llegado a la edad requerida para contraer matrimonio válidamente, no podrá impugnarse: 1º Cuando los contrayentes hayan alcanzado dicha edad sin que se haya iniciado el juicio de nulidad; 2º Cuando la mujer que no tenga la edad exigida, haya concebido. Sin embargo, como el matrimonio putativo es aquel declarado nulo pero válido para aquel de los cónyuges que lo contrajo de buena fe, con efectos desde su celebración hasta la sentencia de nulidad, entonces habría que observar que la unión more uxorio sería putativa para el conviviente que ignoraba la incapacidad del otro en relación a lo dispuesto en el artículo 46 in commento, pero que no es putativo porque la Sala solo se refiere al concubinato putativo cuando el concubino de buena fe ignora la condición de casado del otro.

2) Tampoco podría ser putativa la unión concubinaria, cuando se diere el caso de adolecer de impotencia manifiesta y permanente (art. 47, CC). Mutatis mutandis, la misma consideración que antecede y en relación con las subsiguientes anotaciones sobre la misma temática.

3) De igual manera, en el caso del entredicho por causa de demencia ni el que no se halle en su juicio (art. 47, CC).
4) Tampoco podría ser putativa la unión concubinaria entre convivientes ascendientes y descendientes, ni entre afines en línea recta (art. 51, CC).
5) No sería putativo el matrimonio entre hermanos (art. 52, CC).
6) No podría ser putativa la unión more uxorio o concubinaria entre tíos y sobrinos, ni entre tíos y los descendientes de los sobrinos. Tampoco entre cuñados cuando el que produjo la afinidad quedó disuelto por divorcio (art. 53, CC).

En relación a la segunda inferencia, en cuanto al desconocimiento o ignorancia del estado civil del otro conviviente, conducente a que el concubino de buena fe goce de los beneficios o efectos del matrimonio putativo, en relación a los bienes (efectos de orden patrimonial); la decisión de la Sala tácitamente excluye los efectos de orden personal entre los concubinos y los hijos, pues la existencia del concubinato putativo – como afirma la Sala – nace cuando uno de ellos, de buena fe, desconoce la condición de casado del otro. A juicio de la Sala, en estos supuestos funcionará con el concubino de buena fe, las normas sobre el matrimonio putativo, aplicables a los bienes; bajo cuya apreciación el concubinato putativo queda reducido o simplificado en sus efectos, cuando uno de los convivientes, el de buena fe, ignora la condición de casado del otro.
Tal reducción pareciera aparejar, como consecuencia, que el efecto será patrimonial y no personal (entre lo convivientes y en relación a los hijos), pero que en realidad aquí la simplificación no opera porque es imposible que el efecto personal convivencial no ocurra. Y en relación con los hijos, en tal caso, son hijos tal y como si hubiesen sido concebidos y nacidos en la unión matrimonial. Es más, comprobada la filiación, el hijo concebido y nacido fuera del matrimonio tiene la misma condición que el hijo nacido o concebido durante el matrimonio con relación al padre y a la madre y a los parientes consanguíneos de éstos, conforme así lo contempla el artículo 234 del Código Civil.

En consideración a la tercera inferencia, es necesario se produzca previamente la declaración judicial de existencia del concubinato mediante sentencia firme, como única forma para que pueda existir el concubinato putativo como consecuencia de la declaración judicial de su nulidad, aun cuando nada se diga al respecto en la decisión in commento. Ello es así porque conforme al artículo 127 del Código Civil, el matrimonio declarado nulo produce efectos civiles, tanto respecto de los cónyuges como respecto de los hijos, aun nacidos antes del matrimonio, si ha sido contraído de buena fe por ambos contrayentes; y si sólo hubo buena fe de uno de los cónyuges, el matrimonio surte efectos civiles únicamente en favor de él y de los hijos. Si hubo mala fe de ambos cónyuges, el matrimonio sólo produce efectos civiles respecto de los hijos.
Si se habla de concubinato putativo es porque se admite el matrimonio putativo. Así, el matrimonio putativo consiste en aquel que es declarado nulo o anulado, cuando concurre la circunstancia de reputarse válido para uno o ambos cónyuges, y por consiguiente produce efectos para el o los cónyuges de buena fe, siempre en beneficio de los hijos, desde su celebración hasta la fecha de la sentencia que declare la nulidad. En consecuencia, en contraste comparativo, por concubinato putativo (putativo: que se predica sin serlo) puede entenderse como el declarado nulo cuando concurriere la circunstancia de reputarse válido sólo para el o los convivientes de buena fe, siempre en beneficio de los hijos y no solo en el ámbito de los bienes, desde su inicio hasta la fecha de la sentencia que declare la nulidad. Esto significa que no puede existir concubinato putativo sin una sentencia que así lo declare, lo cual podría resultar complicada su comprensión. El calificativo de putativo, con efectos válidos, tiene que devenir de una sentencia que así lo declare. Como principio general, la nulidad pronunciada mediante sentencia firme, deja las cosas en el mismo estado en que se encontraban antes del acto declarado nulo, por lo que produce efectos retroactivos (ex tunc) al día de celebración del acto. Esa sentencia es declarativa por esa misma circunstancia o motivo.

De aplicarse ese principio al matrimonio declarado nulo, dejaría el mismo como si jamás se hubiese celebrado, en cuyo caso se crearía tremenda problemática en relación con los hijos habidos en esa unión, así como sobre los bienes adquiridos. Ante esa circunstancia surgió en el Derecho Canónico la noción del matrimonio putativo (putare: creer, suponer), para regular los efectos de la nulidad cuando el matrimonio se contrajo suponiendo uno o ambos contrayentes que el vínculo era válido; que el mismo se había celebrado mediante la buena fe, de uno o de ambos, al ignorarse el vicio que dio lugar a la nulidad o la anulabilidad del acto matrimonial, vicio o defecto que existe al momento de la celebración. De allí que esa concepción del matrimonio putativo es una excepción al mencionado principio general en cuanto a los efectos de la nulidad. La buena fe se entenderá, entonces, como el desconocimiento del impedimento matrimonial en el momento de la celebración por parte del que contrajo matrimonio, o de ambos; como también el contraído con vicios del consentimiento.

Sin embargo, se discute en la doctrina que no habrá buena fe por ignorancia o error de derecho, y que tampoco existirá la misma por ignorancia o error de hecho que no sea excusable, a menos que el error sea ocasionado por dolo .

En cuando al error de derecho, el artículo 2º del Código Civil contempla que “ La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento”, por lo cual el error de derecho no impide los efectos legales que producen los actos lícitos, como tampoco obviará la responsabilidad por los ilegales. Ese principio contiene, a su vez, el de la seguridad jurídica, como fundamento del orden social, pues si no sería muy fácil sustraerse a las consecuencias o los efectos del acto, alegando y probando que se ignoraba la ley. En efecto, como observa BELLUSCIO , ¿es que alguien podría alegar que no sabía que no podía casarse con su hija, con su hermana o con su nuera?, ¿o que le estaba vedado llevar a las nupcias a un impúber o a un insano?, ¿o que no podía casarse por segunda vez sin estar disuelto su anterior matrimonio?, ¿o que no podía hacerlo con la viuda de aquel a quien dio muerte?, ¿o que la ley no le permitía abusar del error, engañar u ofrecer violencia para lograr la celebración?, ¿o que sabiéndose impotente no podía contraer matrimonio?

Tratándose del error de hecho, se afirma que el mismo debe ser excusable, o de la justa causa para incurrir en error, salvo el caso de dolo donde el error deviene del engaño o el ardid del otro contrayente o por la acción de un tercero. Bueno el ejemplo que da EDUARDO ZANNONI en el caso del bígamo, cuya mala fe se presume porque su anterior matrimonio no estaba disuelto o anulado, mal podría alegar desconocimiento del impedimento del ligamen. Por tanto, cabe presumir que el bígamo sabe que está casado y que no puede contraer válidamente un segundo matrimonio. Pero supóngase que el bígamo alegara y probara error excusable, como ocurriría en el siguiente caso: su cónyuge del primer matrimonio desapareció en ocasión de un secuestro y, tiempo después, se da la noticia pública de su muerte en ocasión de identificarse un cadáver por la policía, inscribiéndose su defunción. Pero más tarde resulta que la identificación del cadáver fue errónea porque reaparece el cónyuge a quien se creía muerto, quien en realidad, sólo había sido retenido por sus secuestradores y finalmente dejado en libertad. Planteada la nulidad del segundo matrimonio, el bígamo deberá invocar y probar su buena fe, es decir, la excusabilidad de su error, o lo que es lo mismo, la razón para errar. Todo ello, sin perjuicio de que si de las propias circunstancias de la causa estos hechos resultaran acreditados, el juez debería calificar de buena fe al bígamo aunque éste no hubiera expresamente invocado el error excusable.

Considera la Sala que para reclamar los posibles efectos civiles del matrimonio, es necesario que la “unión estable” haya sido declarada conforme a la ley, por lo que se requiere una sentencia definitivamente firme que la reconozca. Por esa misma razón es de considerar la necesaria declaratoria del concubinato putativo, para que produzca los mismos efectos que el matrimonio putativo. En realidad resulta complicado y hasta difícil admitir que la unión more uxorio pueda ser declarada nula o anulada por sentencia firme, cuando para su nacimiento no se utilizó alguna formalidad ni el cumplimiento de determinados requisitos, como en el caso del matrimonio; pero si no antecede tal declaración judicial de nulidad, entonces ¿cómo podría hablarse con propiedad de concubinato putativo?

¿Concubinato declarado nulo? El matrimonio putativo se reputa válido para el cónyuge que contrajo matrimonio de buena fe y siempre en beneficio de los hijos, desde la celebración hasta la fecha de la sentencia declarativa de su nulidad. Por eso, resulta dificultoso demandar la nulidad de la unión de hecho o concubinaria, pues su nacimiento depende de la voluntad recíproca de los convivientes sin ninguna otra formalidad establecida en la ley, y su extinción o disolución se produce por el acuerdo recíproco, como también por decisión unilateral de uno solo de los convivientes. Habría que declarar judicialmente primero la existencia de la unión fáctica, y luego declarar la nulidad de la misma con fundamento en la existencia de un impedimento dirimente que no autorizaba la celebración del matrimonio, y que uno de los convivientes actuó de buena fe para que sea putativo para él. Por ejemplo, si uno de los convivientes de hecho, de buena fe, desconoce o ignora la condición de casado del otro, en tal supuesto funcionarán, con el concubinato de buena fe, las normas del matrimonio putativo aplicables a los bienes, como afirma la Sala Constitucional; es indudable que para que los efectos del matrimonio putativo se puedan aplicar en la praxis, se requiere una declaración judicial que afirme que ese conviviente fue de buena fe, a través de la declaración de nulidad de la unión fáctica, pues, en caso contrario, no cabría hablar de concubinato putativo. Como puede observarse, en tal caso, estamos en presencia de una problemática de difícil comprensión y solución, pues para la Sala Constitucional la existencia del concubinato putativo nace cuando uno de ellos, de buena fe, desconoce la condición de casado del otro, y en estos supuestos funcionarán con el concubino de buena fe, las normas sobre el matrimonio putativo, aplicables a los bienes.

Con sobrada razón el artículo 127 del Código Civil, estatuye: “El matrimonio declarado nulo produce efectos civiles, tanto respecto de los cónyuges como respecto de los hijos, aun nacidos antes del matrimonio, si ha sido contraído de buena fe por ambos contrayentes. Si sólo hubo buena fe de uno de los cónyuges, el matrimonio surte efectos civiles únicamente en favor de él y de los hijos. Si hubo mala fe de ambos cónyuges, el matrimonio sólo produce efectos civiles respecto de los hijos”. En consecuencia, ¿cuál sería la causa o motivo que sirva de fundamento a la demanda de nulidad o anulabilidad del concubinato? El tribunal tendría primeramente que declarar la existencia del concubinato, luego declararlo nulo o anulado con fundamento en la norma jurídica específicamente infringida, y, asimismo, establecer que esa unión es putativa por haberse contraído o celebrado en violación de un impedimento dirimente que no permitía su celebración, pero de buena fe por uno de los concubinos o por ambos, según las circunstancias fácticas del caso concreto.

El matrimonio putativo, para que sea tal tendría, entonces, que cumplir varios requisitos:

(i) El matrimonio para que pueda declararse como putativo exige que el mismo se haya contraído. Esto implica que se debe comprobar la celebración del mismo, pues nadie puede reclamar los efectos civiles del matrimonio si no presenta copia certificada del acta de su celebración, excepto en los casos previstos en los artículos 211 y 458, como así lo preceptúa el artículo 113 del Código Civil. A falta de inscripción del acta de matrimonio en el Registro destinado a esta finalidad, como lo pauta el artículo 115 eiusdem, cuando haya indicios de que por dolo o culpa del funcionario respectivo, no se ha inscrito el acta de matrimonio, los cónyuges pueden pedir que se declare la existencia del matrimonio, según las reglas establecidas en el artículo 458, siempre que concurran las circunstancias siguientes: 1° Que se presente prueba auténtica de la publicación o fijación del cartel de matrimonio, salvo los casos previstos en los artículos 70, 96 y 101.
(ii). Nulidad del matrimonio por sentencia definitivamente firme, para que pueda reputarse válido para el cónyuge (o ambos) de buena fe y siempre en relación con los hijos, desde su celebración hasta la fecha de la sentencia que declare la nulidad. Mientras no se produzca la nulidad el matrimonio celebrado de modo irregular continuará produciendo efectos como si fuese válido. Asimismo, mientras el concubinato no sea declarado nulo no podrá hablarse de concubinato putativo.

(iii) La buena fe. Como quiera que nuestra legislación – afirma ISABEL GRISANTI AVELEDO DE LUIGI – concede efectos, respecto a los hijos, al matrimonio celebrado de mala fe por ambos contrayentes, la buena fe pierde su condición de requisito autónomo del matrimonio putativo y se convierte en presupuesto subjetivo, que sirve solamente para señalar la extensión de los efectos con relación a los cónyuges.

Sin embargo, como la sentencia de nulidad que pronuncia el juez es declarativa, proyectando sus efectos con carácter retroactivo, al día de la celebración del acto, tal principio en el ámbito matrimonial tiene una connotación distinta cuando el matrimonio se celebró bajo la creencia por uno de los contrayentes, o por ambos, que no existía al momento ningún impedimento que invalidara el acto, ignorando el vicio que posteriormente podría conducir a la nulidad del matrimonio. Por eso, el matrimonio que se declara nulo no será putativo para el cónyuge que actuó de mala fe, y si ambos actuaron de mala fe no será putativo para ninguno de los mismos y, en consecuencia, los efectos de validez no comprenderá a ninguno de los contrayentes, es decir, que la doctrina del matrimonio putativo constituye una excepción al principio general en orden a los efectos de la nulidad.

Por tanto, para que la unión more uxorio o concubinaria sea reputada putativa, se requeriría: (i) Que la unión more uxorio sea declarada por el Tribunal competente a través de sentencia definitivamente firme. Este requisito constituye la primera exigencia para demostrar, mediante declaración judicial, la existencia de esa unión y de modo inevitable la fecha de su inicio, pues sin la misma no se puede conocer con certeza desde cuando empieza a producir los efectos de putativo y hasta cuándo. (ii) Que tal unión sea declarada nula o anulada por ese mismo tipo de sentencia y con valor de putativo para el conviviente de buena fe, desde su celebración hasta la declaración judicial de nulidad, y siempre en beneficio de los hijos, aún cuando la Sala Constitucional nada afirmó al respecto. La problemática en este punto está en que la unión concubinaria no se celebra, pues no existen hasta ahora en nuestra legislación formalidades conducentes a ello, y como hemos observado su nacimiento es sólo consensus, por lo cual se dificulta la prueba de su inicio de modo claro y determinante. (iii) La buena fe, que significa para el conviviente more uxorio, el desconocimiento de la existencia en el otro de una causa o motivo que obstaculiza o impide la celebración del matrimonio entre ellos, es decir, la existencia de un impedimento dirimente que impide el concubinato entre ellos, conducente a la nulidad del mismo. La buena fe consistirá en la errada creencia de uno o ambos convivientes, que los mismos iniciaron la unión concubinaria, sin que al momento existiese algún impedimento legal que la obstaculizara.

4.2. Efectos del concubinato putativo

La Sala Constitucional afirma la existencia del concubinato putativo, cuando uno de los convivientes more uxorio de buena fe, desconoce o ignora la condición de casado del otro, en cuyos supuestos funcionarán, con el concubinato de buena fe, las normas del matrimonio putativo aplicables a los bienes (efecto patrimonial). Aun cuando la Sala no hace referencia a los efectos de carácter personal y familiar (entre los convivientes y en relación con los hijos e hijas), los mismos son imposibles de evitar.

En tal caso, aun cuando el criterio de la Sala Constitucional se refiere al conviviente que desconoce o ignora la condición de casado del otro, en cuyo supuesto funcionarán, con el concubinato de buena fe, las normas del matrimonio putativo aplicables a los bienes (efecto patrimonial); no obstante el concubinato putativo así declarado por sentencia firme, como requisito sine quam non, produciría de manera inevitable los siguientes efectos de orden personal y patrimonial:

4.2.1 Respecto de los convivientes

4.2.1.1 Efectos de carácter personal y familiar: (a) cuando el concubinato declarado nulo no produce efectos de putativo a favor de ninguno de los convivientes, se considera que jamás existió entre ellos el estado concubinario. (b) La unión more uxorio es putativa para ambos convivientes cuando el vínculo se considera válido y legal desde la fecha del inicio de esa unión, hasta la de la anulación, en cuyo caso el estado concubinario existe para ellos durante ese período y produce allí todos los efectos de validez, pero desaparece y se extingue a partir de la declaración de nulidad. (c) Si el concubinato es putativo para uno solo de los concubinos, el vínculo produce efectos para el pasado, desde la fecha de inicio de la unión concubinaria hasta su anulación (pues de no declararse la nulidad de la unión, no existirá concubinato putativo, así como no existe matrimonio putativo si no se declara la nulidad del mismo); y produce todos sus efectos de orden personal y familiar a favor del concubino de buena fe, pero no determina ningún efecto a favor del conviviente de mala fe. El primero se considera concubino desde la fecha de inicio de esa unión fáctica hasta la anulación, y el segundo, como si jamás estuvo unido en concubinato.

4.2.1.2. Efectos sobre los pactos concubinarios : Nada impide que los convivientes estipulen, pacten o convengan, en relación a los bienes que adquiera durante la convivencia, sin que se les denomine capitulaciones concubinarias. Pareciera no comprenderse por qué los convivientes no pueden al menos celebrar un convenio en el sentido de cómo manejarán los bienes que se obtengan durante ella, aún cuando no se denomine capitulaciones a ese convenio dentro del contexto a que se contraen los artículos 141, 143, 144, 145, 146 y 147 del Código Civil; pues puede ocurrir que un hombre y una mujer se pongan de acuerdo para iniciar una convivencia more uxorio, y con tal finalidad otorguen registralmente un instrumento – antes de iniciar tal convivencia – en donde se establezca que los bienes que cada uno adquiera quedan excluidos de la comunidad concubinaria . ¿Tendrá o no valor tal convenio o pacto entre ellos y ante los terceros? Si tiene valor de tal modo. La ley no lo prohíbe, pues más bien se permite que constituyan y reglen entre ellos, mediante convención, un vínculo de esa naturaleza (art. 1.133, CC). Por tanto, cuando ambos concubinos han sido de mala fe (por ejemplo, ambos saben que están casados), el convenio queda anulado tanto ad-nunc como ex tunc; en caso de concubinato putativo para ambos convivientes, se considerará válido el pacto o convenio hasta la fecha de la anulación; y, en caso de concubinato putativo para un solo de los concubinos la unión more uxorio es válida para el que obró de buena fe, y como si no hubieran existido para el otro.

4.2.1.3. Efectos sobre la comunidad de gananciales: (a) Si el concubinato anulado no vale como putativo para ninguno de los concubinos, la comunidad de gananciales corresponde a los hijos nacidos en esa unión. Si no hay hijos se dividen los bienes entre los dos concubinos. (b) En caso de unión more uxorio putativa para ambos concubinos, se divide entre ellos los gananciales. (c) Cuando esa unión es putativa para uno solo de los convivientes, los bienes corresponden íntegramente al mismo.

4.2.1.4. Sobre las donaciones con ocasión del concubinato : (a) Si ambos concubinos son de mala fe, las donaciones corresponderán íntegramente a los hijos. Si no hay hijos las donaciones quedarán sin efecto. (b) La unión es putativa para ambos convivientes: si la donación fue hecha a ambos, pertenecerá de por mitad a cada conviviente. Si fue sólo para uno de ellos, conservará él la donación. (c) Concubinato putativo para uno solo de los convivientes: corresponderán al de buena fe las donaciones hechas a ambos. Las donaciones dadas a favor del concubino de mala fe deben ser devueltas al donante.

4.2.1.5 Efectos sobre la vocación hereditaria intestada: (a) Si ambos convivientes han actuando de mala fe, cada uno pierde la vocación hereditaria intestada respecto del otro. (b) Caso de concubinato putativo para ambos convivientes, si fallece uno antes de la declaración judicial de nulidad del concubinato , el ex concubino supérstite no tiene vocación hereditaria ab-intestato en tal sucesión, pues el concubinato putativo produciría efecto hacia el pasado y desde la celebración del concubinato hasta la fecha de la nulidad declarada del mismo, pero no hacia el futuro. Lo mismo no ocurre cuando uno de los concubinos fallece con anterioridad a la sentencia que declare la nulidad de esa unión, pues el sobreviviente de buena fe lo heredaría. (c) Cuando el concubinato es putativo para uno solo de los convivientes, si fallece el de mala fe lo sucede el de buena fe. Si fallece el de buena fe, el otro conviviente no lo hereda en forma intestada. (d) A partir de la sentencia, la nulidad hace cesar la vocación sucesoria recíproca . Sin embargo, en el caso del matrimonio, por ejemplo, si la muerte de uno de los cónyuges tiene lugar durante el juicio de nulidad, el otro mantiene esa vocación porque el vínculo matrimonial está produciendo los efectos del matrimonio válido; a un cuando la nulidad se pronuncie con posterioridad.

4.2.2 Efectos sobre los hijos

(a) Efectos sobre la patria potestad. Si el concubinato anulado vale como putativo para ambos convivientes, los mismos deben tenerse como ascendientes de sus hijos y por tanto ejercen los derechos y deberes correspondientes a la patria potestad.

(b) SI el concubinato vale como putativo únicamente en relación con uno de los convivientes, el de mala fe no puede pretender sobre sus hijos aquellos derechos y la patria potestad corresponde al de buena fe.

(c) Si ambos convivieron de mala fe, el concubinato anulado no vale como putativo respecto de ninguno de ellos y corresponde al juez decidir a cuál le otorgará la patria potestad de los menores.
5. CONCLUSIONES

Como se ha podido apreciar, la Sala Constitucional en la sentencia en comentario equipara la unión de hecho o more uxorio al matrimonio de dos maneras diferentes: a) Equiparación parcial. Como el matrimonio – según la Sala – nace y se prueba de manera distinta al concubinato, o a cualquiera otra unión estable, la diferencia – en su nacimiento como en el orden probático – hace que tanto las unas como las otras no pueden equipararse íntegramente al matrimonio; y, en consecuencia, los efectos del matrimonio (personales y patrimoniales) no se producen íntegramente en la unión fáctica. En tal caso, la unión more uxorio o estable de hecho (concubinato) y cualquiera otra unión estable, no son necesariamente similares al matrimonio, es decir, ni iguales, ni equivalentes. Se desprende de la decisión de la Sala que si la unión fáctica naciera y se probara de igual modo que el matrimonio, entonces aquélla se equipararía íntegramente al matrimonio y produciría automáticamente todos los efectos del mismo. Obviamente que ambas instituciones nacen y se prueban de manera diferente, pero es posible pensar que no sea tal diferencia la que impida la producción de los mismos efectos (personales y patrimoniales), sino motivos diferentes, tales como que no son equiparables, no son iguales ni similares; aún cuando el artículo 77 constitucional pareciera equipararlas pero relativamente. Además, la Sala no indica a qué otras uniones estables se refiere, dejándolas en una zona de penumbra. b) Equiparación total patrimonial. la Sala equipara el género “unión estable” al matrimonio, y así debe tener, al igual que éste, un régimen patrimonial (comunidad de gananciales por causa de la equiparación). Se trata de una equiparación limitada a lo patrimonial, que pareciera dejar de lado lo relativo a los efectos personales (interconvivenciales y en relación con los hijos e hijas), al no afirmarlos en ese contexto.

La unión fáctica y su declaración judicial. Para la Sala Constitucional, la unión concubinaria o more uxorio “Se trata de una situación fáctica que requiere de declaración judicial y que la califica el juez, tomando en cuenta las condiciones de lo que debe entenderse por vida en común”; por lo cual “En primer lugar considera la Sala que, para reclamar los posibles efectos civiles del matrimonio, es necesario que la “unión estable” haya sido declarada conforme a la ley, por lo que se requiere una sentencia definitivamente firme que la reconozca. En la actualidad, es necesaria una declaración judicial de la unión estable o del concubinato; dictada en un proceso con ese fin”.

La calificación a que se refiere la Sala la realiza el juez, tomando en cuenta las condiciones de lo que debe entenderse por vida en común. Sin embargo, la expresión “vida en común” no es lo mismo que la “estabilidad” y tampoco comprende la pluralidad de los requisitos establecidos en la ley, a que contrae el artículo 77 constitucional (” … Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio”. Destacado nuestro). Por tanto, para que la unión fáctica sea declara judicialmente mediante sentencia definitivamente firme a los efectos del artículo 77 en referencia, el juzgador debe encontrar que esa convivencia es estable y cumple los requisitos establecidos en la ley. La vida en común, en comentario, sólo constituye un elemento integrador del concepto estabilidad.

Dispone la Sala que en la actualidad, es necesaria una declaración judicial de la unión estable o del concubinato dictada en un proceso con ese fin. Esta última afirmación es exacta. No obstante, la misma no indica que en el “proceso con ese fin” sea excluyente de la acumulación al mismo de la pretensión de partición y liquidación de los bienes comunes convivenciales, del modo como hemos analizado, pues toda prohibición debe ser expresa, no es tácita ni sobreentendida. La Sala no prohíbe la acumulación de pretensiones y no obstante la Sala Civil declara inadmisible la demanda por la acumulación en la misma de las pretensiones merodeclarativa concubinaria, la partición y liquidación de la comunidad patrimonial, como hemos observado. Por eso, la estabilidad y los requisitos se conjugan en los conceptos permanencia, singularidad, cohabitación, notoriedad y la inexistencia de impedimentos dirimentes que impidan el ejercicio de la capacidad convivencial.

La Sala Constitucional “tiene que examinar la posibilidad para uno de los miembros de una unión o concubinato, de la existencia del concubinato putativo que nace cuando uno de ellos, de buena fe, desconoce la condición de casado del otro. A juicio de esta Sala, en estos supuestos funcionará con el concubino de buena fe, las normas sobre el matrimonio putativo, aplicables a los bienes”. Como se observa, para la Sala la presencia del concubinato putativo se genera cuando el concubino de buena fe ignora la condición de casado del otro, reduciendo el alcance de lo que sería el concubinato putativo únicamente al impedimento dirimente absoluto de vínculo anterior (art. 50, CC), cuando existen más impedimentos de tal carácter que también dan lugar a que la convivencia, en sus efectos, no perjudica al conviviente de buena fe. Por eso pareciera que no será putativo ante la existencia de los demás impedimentos dirimentes para contraer válidamente matrimonio. De ser así, entonces el concubinato putativo – a que se refiere la Sala Constitucional – se concreta únicamente al tipo que la misma determina de manera simplificada o reducida. Asimismo, el desconocimiento o ignorancia del estado civil del otro conviviente- según la Sala – conduce a que el de buena fe goce de los beneficios o efectos del matrimonio putativo, en relación a los bienes. La Sala no dice por qué en los supuestos a que se refiere funcionará con el concubino de buena fe las normas sobre matrimonio putativo, aplicable a los bienes, y omite referirse (o incluir) los efectos personales que el concubinato putativo inevitablemente tiene que producir en beneficio del conviviente de buena fe, y de los hijos e hijas. ¿Se traduce que, en tales casos, al concubinato putativo se aplican las normas del régimen de bienes en el matrimonio, pero no las atinentes a los efectos personales del mismo? De ser así, ¿qué ocurre con los efectos de orden personal interpareja y en relación con los hijos e hijas? Por último, para la existencia del concubinato putativo debe previamente declararse judicialmente la existencia de la unión fáctica mediante sentencia firme y, desde luego, producirse la declaración de nulidad de la misma (unión concubinaria) mediante decisión también firme. La Sala no observa nada al respecto. No obstante, sin la declaración de nulidad no puede hablarse, en propiedad, de concubinato putativo, como no puede afirmarse el matrimonio putativo sin la sentencia que declare su nulidad. (Fin de la Cita)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

El fallo antes Interpretado es de fecha 15 de Julio de 2005, proferido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al interpretar la normativa constitucional referida en el artículo 77 de la Constitución Nacional. “…………………………SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO-PONENTE DR. JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO El 9 de diciembre de 2004, el abogado ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ URIBE, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 57.999, actuando como apoderado judicial de la ciudadana CARMELA MAMPIERI GIULIANI, titular de la cédula de identidad Nº 6.282.745, solicitó la interpretación del artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En la misma oportunidad, se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo. Mediante decisión dictada el 22 de abril de 2005, esta Sala admitió recurso de interpretación interpuesto y, en consecuencia, ordenó notificar al Fiscal del Ministerio Público, para que, en el lapso de cinco (5) días de despacho siguientes a dicha notificación, consignara –si lo consideraba necesario- escrito contentivo de los argumentos en torno al sentido e interpretación que ha de brindarse al artículo 77 constitucional. Igualmente, se acordó no efectuar audiencia oral, en virtud de que la Sala decidirá exclusivamente con base en lo cursante en autos. Practicada la notificación ordenada y cumplido el lapso establecido en la decisión antes indicada, la Sala pasa a decidir sobre el fondo del presente recurso, en los términos siguientes:

I DE LA SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN

El apoderado judicial de la solicitante fundamentó su recurso en lo siguiente: 1.- Que le fue reconocido por el Juzgado Noveno de Primera Instancia de Familia y Menores de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 7 de marzo de 1995, a su representada el carácter de concubina del ciudadano SOIL ACKOSKI, con quien mantuvo una unión no matrimonial durante 23 años. 2.- Que en virtud de que el artículo 77 de la Constitución extiende los efectos del matrimonio a las uniones estables de hecho y dichos efectos son regulados por el Código Civil, siendo uno de los efectos civiles del matrimonio, el derecho potestativo de la mujer a utilizar el apellido de su esposo mientras no contraiga nuevas nupcias en caso de quedar viuda, indicó, que sí podría en su carácter de concubina utilizar el apellido de su concubino y proceder a cambiar su documento de identificación conforme a lo establecido en los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica de Identificación. 3.- Que el artículo 77 de la Constitución, equipara al matrimonio a las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer, que cumplan con los requisitos de la ley, estableciendo que ambas instituciones al unísono, entendidas como familia tendrán y producirán respecto de sus miembros los efectos establecidos en la Ley. Indicó que, “(p)revio al reconocimiento de los citados valores en la norma constitucional, nuestra legislación constituía un claro ejemplo de incongruencia entre el derecho abstracto y la realidad social, con retardos notables respecto a la doctrina moderna y con escatimados y tardíos avances en la materia. Estos hechos se ven reflejados en la reforma del Código Civil de 1982, en la cual se modificó el esquema de familia a favor de un sistema plural en el cual se vieron incluidos la mujer y a los hijos que constituían una familia, aún cuando ello ocurriere fuera del matrimonio. En este sentido, se modificó el artículo 767 del Código Civil, haciendo un reconocimiento a las uniones de hecho como consecuencia de una existente realidad social”. 4.- Que, de la disposición del artículo 77 de la Constitución se deduce indiscutiblemente, la equiparación de la unión concubinaria con el matrimonio, con respecto a los efectos que éste produce, siempre y cuando la primera cumpla con los requisitos de ley, toda vez que ambas constituyen expresiones del concepto de familia. 5.- Que, del análisis de dicha norma se colige, “(…) en primer término, que debe cumplirse una exigencia previa, como lo es, la determinación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. Inferimos que los requisitos a que hace referencia la norma, son aquéllos aplicables a la disposición del artículo 767 del Código Civil”. Señaló, que “(…) para determinarse cuáles son esos efectos, vigentes y aplicables, el intérprete debe remitirse obligatoriamente a las normas que rigen los efectos del matrimonio, es decir, las disposiciones del Código Civil como ordenamiento positivo que regula especialmente esa materia”. 6.- Que, conforme a lo expresado por el Constituyente, el artículo 77 de la Constitución, es de aplicación preeminente a cualquier norma subordinada y requiere de una interpretación acorde con su finalidad. Sostuvo, que en ese mismo sentido, la Sala de Casación Social de este Máximo Tribunal, en sentencia del 13 de noviembre de 2001 (Caso: Milagro del Carmen Lewis Melo) y la Sala de Casación Civil el 15 de noviembre de 2000, dispuso que: “En efecto, para que obre la presunción de comunidad, conforme al artículo 767 del Código Civil, la mujer debe probar; que se adquirió o aumentó un patrimonio durante la unión de hecho; y que durante el tiempo en que se formó o aumentó el patrimonio vivió en permanente concubinato con el hombre contra quien hace valer la presunción a su favor establecida por el artículo 767 eiusdem. La formación o aumento del patrimonio es cosa real, los bienes en comunidad, no importa que existan documentados a nombre de uno sólo de los concubinos, es parte de lo que se pide; basta por tanto, evidenciar su existencia, tal como lo hizo la recurrida. La causa, es decir, el porqué se pide, consiste en la unión concubinaria permanente, respecto de la cual existe en autos el alegato de hechos y la prueba respectiva, pero que no fueron analizados exhaustivamente por la recurrida”. 7.- Que, “(…) como señaló igualmente el Constituyente, todos estos derechos (es decir, los derechos sociales y de las familias referidos en el Capítulo V), constituyen la base fundamental del nuevo ordenamiento jurídico en el que la vida, la ética, la libertad, la justicia, la dignidad, la igualdad, la solidaridad, el compromiso, los deberes ciudadanos y la seguridad jurídica, son valores que concurren en la acción transformadora del Estado”. Para luego afirmar, que “artículo 77 de la Constitución es de aplicación preeminente a cualquier norma subordinada y como tal, la norma subordinada requiere de una interpretación acorde con la finalidad expresada en dicha disposición”. 8.- Que, “(c)omo la finalidad de esta acción es esclarecedora y completiva, como lo ha sentado esta Sala en el fallo citado (2077/2002), y en ningún momento puede invadir la reserva legal que es competencia exclusiva del Poder Legislativo, es necesario que se interprete el artículo 77 en concordancia con las leyes preconstitucionales que desarrollan los efectos del matrimonio, en especifico el CC, ya que las dudas que surgen de su interpretación, al extenderse estos efectos a las uniones estables de hecho, deben encontrar un cauce procesal adecuado para su deducción en sede judicial, toda vez que este no se encuentra predeterminado para los concubinos, y tal y como están concebidas las normas preconstitucionales, marcan un problema para el ejercicio de los derechos fundamentales y para el mantenimiento del orden público y la paz social, estableciendo en la práctica una desigualdad entre aquellos miembros de una familia que hayan celebrado el matrimonio y aquéllos que no lo hayan hecho”. 9.- Que, al establecer el contenido del artículo 77 de la Constitución, que las uniones estables de hecho que cumplan los requisitos establecidos en la ley, producirán los mismos efectos del matrimonio, caben las interrogantes siguientes:”¿Corresponde a los concubinos la totalidad de los efectos civiles del matrimonio establecidos en el CC y en otras leyes de la República? ¿A que efectos se esta refiriendo la disposición Constitucional, a aquellos derechos y cargas entre las personas o sólo respecto a sus bienes? ¿Cuáles son y como se aplican?”. 10.- Que, “(e)n atención al fallo de fecha 22/09/2000 (Servio Tulio León) en el cual se exige al que incoa esta acción expresar con precisión en qué consiste la interpretación, a los fines de precisar en que supuesto se encuentra el solicitante, y como se señaló al principio de este escrito, la presente acción versa sobre el alcance de este dispositivo constitucional, en relación a las normas legales preconstitucionales que regulan los efectos del matrimonio civil, que no incluyen dentro de sus supuestos de hecho, a las uniones estables de hecho no matrimoniales, motivo por el cual se requiere conocer el alcance del artículo 77 de la CRBV, para que su implementación de la vida practica y jurídica de todas las personas que se encuentren en la situación allí concebida, sea uniforme y se eviten fallos contradictorios”. 11.- Que “…el matrimonio civil es el único que produce efectos legales, respecto de las personas como de sus bienes, y para poder reclamar esos efectos civiles, se requiere de la prueba escrita (documento público) donde conste la celebración del acto. Resulta entonces evidente, de la lectura de la disposición del artículo 113 del CC, que la misma constituye una limitante del precepto establecido en el artículo 77 constitucional”. 12.- Que, a partir del artículo 137 del Código Civil, se regulan los efectos del matrimonio, en cuanto a las personas y sus bienes, ya que en cuanto a las personas, este artículo coloca en cabeza de los cónyuges la obligación de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente, siendo optativo para la mujer utilizar el apellido de su esposo, lo que es un derecho a su favor, que subsistirá después de disuelto el vínculo por la muerte de su cónyuge y mientras no contraiga nuevas nupcias. Adujo, que los cónyuges están obligados a contribuir en la medida de sus recursos, al cuidado y mantenimiento del hogar común y a las demás cargas matrimoniales, pudiendo ser obligado judicialmente el cónyuge que sin causa justificada dejare de cumplir con dichas obligaciones, de allí que “¿Estos efectos son extensibles a las uniones no matrimoniales, en cuanto a la obligación de contribuir al cuidado y mantenimiento del hogar común y las cargas de la comunidad previstas en el CC?”. 13.- Que “(…) las uniones estables de hecho, en sus efectos legales se equiparan al matrimonio por mandato constitucional; pero respecto a los efectos reconocidos en el CC, ¿cómo se les aplicará a estas uniones no matrimoniales, si los concubinos no pueden disolver el vinculo que los une mediante divorcio, nulidad o separación judicial de bienes por vía jurisdiccional, toda vez que no han celebrado el matrimonio como tal, pero de hecho funcionan exactamente igual?”. 14.- Que “(p)areciera que la respuesta se encuentra en el artículo 767 del mismo texto legal, que establece: (…). Del análisis de este artículo, no cabe la mejor duda que lo regulado para este tipo de uniones en el CC, se limita a la comunidad ordinaria de bienes, surtiendo esta comunidad sólo efectos entre ellos y sus herederos, sin importar a nombre de quien estén documentados los bienes. Visto de una manera simple, lo allí preceptuado no viola el derecho de propiedad de los concubinos o los derechos sucesorales de sus herederos, si deciden finalizar su relación no matrimonial; pero esta comunidad no existirá si uno de ellos está casado. De alguna manera, este artículo se equipara en sus efectos al artículo 148 del CC, que expresa que entre marido y mujer, si no hubiere convención en contrario, son comunes de por mitad, las ganancias o beneficios que se obtengan durante el matrimonio, comunidad que comienza precisamente el día de la celebración del matrimonio (art. 149 del CC), pero surge la pregunta de que si en esta separación de la comunidad que existe entre ellos, entrará a discutirse el valor de la plusvalía de los bienes propios que tenían antes de unirse de hecho”. 15.- Que, al disolverse el vinculo de hecho que los une por la muerte de uno de los cónyuges, el artículo 767 del Código Civil limita al concubino o concubina en los derechos que se le otorgan al cónyuge en la sucesión de su causante, ya que esta norma en específico, no reconoce la comunidad universal concedida a los que sí contraen matrimonio, existiendo contradicción entre lo que dispone esta norma legal y el artículo 77 de la Constitución, el cual extiende los efectos legales que nacen del matrimonio a las uniones establecidas de hecho. 16.- Que surge la necesidad de conocer si los concubinos que decidan disolver su unión estable de hecho, podrán a los fines de preservar el caudal común, tener acceso a las normativas legales que amparan a los cónyuges para resguardar su patrimonio, tales como las establecidas en los artículos 191 al 196 del Código Civil que sólo proceden en caso de divorcio. Señaló el solicitante, que “(…) para los que están casados y tienen la prueba de la celebración de esa unión, en materia de disolución y liquidación de la comunidad, el artículo 174 faculta al Juez para dictar las providencias que estimare convenientes a la seguridad de los bienes comunes, mientras dure el juicio. En el caso de los concubinos no puede hablarse de separación de cuerpos o divorcio como tales, entonces, de surgir una separación de cuerpos de hecho que finalice la relación concubinaria, ¿cómo se regularía lo concerniente tanto a la disolución y liquidación de la comunidad, y cómo haría el cónyuge que se vea afectado para preservar ese patrimonio común? ¿Podría solicitar al Juez la cautela prevista en el artículo 174 o la del 191? ¿Podría el concubino hacer extensibles a él los efectos del artículo 195 del CC, sobre acordar pensión de alimentos al concubino que se encuentre incapacitado para trabajar y carezca de otros medios para sufragar sus necesidades?”. 17.- Que, el artículo 175 del Código Civil dispone que acordada la separación queda extinguida la comunidad y se hará la liquidación de ésta; en consecuencia “¿A partir de qué momento cesa la comunidad en una unión estable de hecho al ser imposible que medie una separación judicial que determine de manera precisa el momento en que la misma cesa?, ello debido a que en el fallo mero declarativo que da certeza de la relación concubinaria, sólo abarca ese hecho, al ser esa la función de los fallos declarativos, que no son de la naturaleza de los fallos de condena o constitutivos”. 18.- Que también surge una duda en cuanto a si los concubinos pueden celebrar capitulaciones matrimoniales válidamente, con ocasión a lo cual “Pondré un ejemplo: A y B deciden contraer matrimonio civil y cumplen con todos los requisitos establecidos en la ley, pero antes de celebrar el acto deciden suscribir un contrato de capitulaciones, el cual cumple todas las formalidades legales hasta su registro, llegado el día fijado para celebrarse el matrimonio manifiestan voluntariamente no celebrarlo ante el funcionario público, pero desde ese día deciden convivir juntos como una familia. Pasan los años y pueden ocurrir dos supuestos: a) deciden separarse o B) muere uno de ellos, ¿esas capitulaciones matrimoniales serán oponibles a ellos por la extensión de los efectos del matrimonio? ¿Existió comunidad entre ellos? ¿En caso de muerte solo le correspondería la legítima?”. 19.- Que el artículo 154 del Código Civil regula la libre administración y disposición de los bienes propios, pero “…para poder disponer de ellos a título gratuito, renunciar a herencias y legados, necesitará del consentimiento del otro. De nuevo, surgen una serie de interrogantes en esta materia, por lo que ¿será valida (sic) la actuación que un concubino realice en estos casos específicos sin el consentimiento del otro?. 20.- Que, con base en el artículo 168 del Código Civil, se requiere del consentimiento de ambos cónyuges para enajenar a título gratuito u oneroso o para gravar los bienes gananciales cuando se trate de inmuebles, derechos o bienes muebles sometidos a régimen de publicidad, acciones, obligaciones y cuotas de compañías, fondos de comercio, así como aportes de dichos bienes a sociedades; surgiendo de nuevo la interrogante “¿podrá el concubino oponer en una acción judicial incoada contra el patrimonio común, el litis consorcio necesario por ser la legitimación en juicio conjunta conforme a esa norma?”, para luego indicar que con fundamento en el artículo 171 del Código Civil, al no estar casado legalmente pero siendo considerado como tal por la Constitución, si ¿podría en vía jurisdiccional solicitar esta cautela provisional?. 21.- Que, en materia de ausencia en cuanto a los efectos de su declaración, el artículo 427 del Código Civil expresa que al cónyuge del ausente, además de lo que le corresponde por convenios de matrimonio y por sucesión, puede en caso necesario, obtener una pensión alimentaría, que se determinará por la condición de la familia y la cuantía del patrimonio del ausente; de allí que, ¿cómo quedan las uniones estables de hecho en relación a este supuesto específico, cuando uno de ellos es declarado ausente?. 22.- Que, “(a)l ser la muerte una de las causas de disolución del matrimonio, en el artículo 807 se expresa que las sucesiones se defieren por ley o por testamento y será intestada cuando en todo o en parte falta la sucesión testamentaria. El artículo 823 establece que el matrimonio crea derechos sucesorios para el cónyuge de la persona cuya sucesión se trate. Estos derechos cesan con la separación de cuerpos y de bienes sea por mutuo consentimiento, sea contenciosa, salvo prueba, en ambos casos, de reconciliación. Este supuesto, ¿será aplicable a las uniones estables de hecho que estuviesen separados por un lapso determinado de tiempo y posteriormente se hubieren reconciliado?”. 23.- Que, en materia sucesoral el Código Civil (artículos 796, 807, 823-825, 883-887) reconoce al cónyuge sobreviviente una serie de derechos sobre el patrimonio de su causante, los cuales por mandato constitucional deberían ser extendidos a los concubinos, al encontrase éstos en idéntica situación con los que han contraído matrimonio. Señaló que, además, el artículo 1481 del Código Civil establece que entre marido y mujer no puede haber venta de bienes, como consecuencia de lo cual surgió la interrogante de ¿cómo opera esa prohibición legal, si los efectos de esa unión de hecho son exactos al matrimonio? ¿puede ser alegado por uno de los concubinos o por un tercero que fue afectado por la venta realizada?. 24.- Que el Código Civil regula otros efectos del matrimonio que “…no se han citado en este escrito, como las causales de disolución del vínculo matrimonial, o el delito de bigamia, pero que podrían ser interpretados por esa Sala a la luz de lo preceptuado en el artículo 77, por considerar quien suscribe este escrito, que las uniones estables de hecho sólo producen efectos si la pareja es soltera, porque al estar uno de ellos casado, tal extensión de los efectos se haría inaplicable, al proteger la CRBV a la institución de la familia fundamentada en el matrimonio y a la luz de la Constitución, estas uniones se están protegiendo en la misma dimensión que a la familia, por ser esa su esencia”. 25.- Que como consecuencia de lo antes apuntado, “…caben las dudas siguientes ¿En las uniones estables de hecho que se consoliden en contravención al CC, y en las cuales se generan las nulidadades (sic) del matrimonio (impedimentos dirimentes e impedientes) cómo se manejan los efectos civiles que el mismo Código les reconoce?”. Finalmente, señaló que la interpretación aquí solicitada es de suma importancia, por cuanto si los efectos del matrimonio se aplican a las uniones estables de hecho conforme a los requisitos de ley, debe determinarse su alcance, a los fines de que todos los Tribunales de la Repúblicas apliquen de manera uniforme estos efectos que por extensión consagró el texto constitucional y están desarrollados en el Código Civil del 1942, reformado en 1982, la cual es una ley preconstitucional que sólo regulaba lo relativo en las uniones concubinarias a la filiación de los hijos nacidos en ellas y los bienes que pertenecían a los concubinos, pero fuera de eso no se aplicaban ni se extendían los efectos del matrimonio consagrados en dicho texto legal, que ahora por extensión le son aplicables en su totalidad.” (Fin de la cita)

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